«Merecer la ciudad» recargado: claves para comenzar a desandar la tormenta de ensañamiento contra los sectores populares en ciudad de Buenos Aires.

«Merecer la ciudad» recargado: claves para comenzar a desandar la tormenta de ensañamiento contra los sectores populares en ciudad de Buenos Aires.

María Carla Rodriguez, Profesora Titular. Materia: «Procesos Sociales y Urbanos.» Carrera de Sociología.  FSOC UBA

 

La administración de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha difundido públicamente la ejecución de más de setecientos desalojos desde el inicio de su gestión. Este accionar tiene lugar en un contexto de agravamiento de la crisis habitacional, la cual tiene carácter estructural y afecta no solo a los sectores de extrema pobreza, sino también a amplias fracciones de las clases medias, cuya capacidad para sostener el pago de alquileres se encuentra seriamente comprometida. Esta crisis, evidencia la aceleración de la mercantilización del espacio urbano y la disputa por naturalizar la consecuente exclusión de amplios sectores del disfrute y la producción de la ciudad como obra colectiva y como valor de uso, es decir la negación del derecho a la ciudad, tal como lo formulara Henri Lefebvre (1968)

Dicha política se inscribe en una estrategia de “limpieza social” del espacio urbano, que evoca, por sus rasgos fundamentales, la gestión del intendente de la dictadura cívico-militar, Brigadier Osvaldo Cacciatore. En este marco, el gobierno porteño dirige sus operativos hacia sujetos y colectivos específicos: personas en situación de calle, trabajadores informales migrantes, familias de bajos ingresos con pequeños comercios en barrios populares, y organizaciones comunitarias como asambleas vecinales y comedores.

Lefebvre (1968) sostenía que el derecho a la ciudad implica no solo el acceso a los recursos urbanos, sino también el derecho a la participación y a la centralidad recuperada. Contrariamente, estas políticas producen una segregación programada, que niega dicha participación. Sólo unos pocos son “buenos vecinos”. Esta lógica represiva y selectiva concuerda con la lógica nacional, que se expresa en políticas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), concentrando beneficios y subsidios en los sectores de altos ingresos, mientras que para los sectores populares el dispositivo de gubernamental reserva la represión, la expulsión territorial y la judicialización.

Emilio Pradilla Cobos (2014) ha profundizado el análisis del desarrollo territorial desigual como categoría central para comprender la producción capitalista del espacio. Según este autor, el capital no solo produce mercancías, sino también territorios diferenciados, funcionales a la acumulación y a la dominación de clase. En el caso porteño, la concentración de desalojos en el sur de la ciudad —tal como se detallará más adelante— constituye una manifestación concreta de ese desarrollo desigual, donde el espacio es activamente reestructurado para expulsar a los sectores populares y preparar el terreno para la renovación urbana orientada a mercados de mayor poder adquisitivo.

Un hito ejemplar de esta política fue la denominada “Operación Tormenta Negra”, llevada a cabo a mediados de mayo en todos los barrios populares de la ciudad y profusamente propagandizada por las redes del Ejecutivo, incluidos los correos electrónicos personales de los ciudadanos que han sido extraídos de las bases públicas de datos para este uso propagandístico extralimitado. Dicho operativo se caracterizó por un despliegue desproporcionado de efectivos y equipamiento, así como por la estigmatización generalizada de los habitantes de estos barrios. Esta acción forma parte de una estrategia global sustentada en una visión reaccionaria del orden social, que equipara pobreza, delincuencia y narcotráfico. El discurso oficial simula defender la propiedad privada y combatir el narcotráfico, aunque en la práctica las adicciones y el narcomenudeo funcionan como mecanismos adicionales de control social y despolitización, que facilitan la capilarización de la vigilancia policial.

Esta lógica se distribuye de manera desigual en el territorio de la Ciudad. Según un informe del Ministerio Público de la Defensa correspondiente al período diciembre de 2023-noviembre de 2025, y retomado por la investigadora del IIGG-Conicet Mercedes Di Virgilio bajo la noción de “acupuntura del mal”, los desalojos presentan una marcada concentración en el sur de la ciudad. Las comunas más afectadas son la Comuna 8 (85 casos) y la Comuna 4 (83 casos). A nivel de barrios, Balvanera, Almagro, La Boca y Constitución encabezan las estadísticas. Este patrón no es azaroso: responde a lo que Pradilla (2014) denomina fragmentación territorial como estrategia de dominio, donde ciertas zonas son sacrificialmente designadas para absorber los costos sociales del reordenamiento urbano. El caso de Constitución, declarada Área de Desarrollo Prioritario (ADP), resulta paradigmático: el discurso oficial propone una integración “equitativa y sostenible” basada en una “mirada compartida entre el Estado y la comunidad”, aunque esa comunidad se restringe a las redes de “buenos vecinos” incentivadas por el propio gobierno. Proponen una ciudad concebida (por tecnócratas y funcionarios) que se impone sobre la ciudad vivida por el conjunto de sus habitantes, que quedan en general implíciamente, del lado de los “malos vecinos”, los que no merecen. Los invisibilizados, otra ves los nadies… nos diría Galeano, como un eterno retorno.

En numerosos desalojos, el gobierno ha avanzado por vía administrativa, eludiendo el control judicial, invocando riesgos de derrumbe o clausura sin presentar actos jurídicos ni informes técnicos que justifiquen la medida inmediata. Esta práctica desproporcionada acarrea consecuencias devastadoras para las familias afectadas. El instrumento utilizado es la Guardia de Auxilio, donde lamentablemente hay un responsable político que se desempeña como vicedecano de la Facultad de Arquitectura de nuestra querida Universidad. Bajo la lógica de evacuar a los vecinos “por su bien”, las personas afectadas no son integradas en ningún plan habitacional alternativo, sino desplazadas sin previsión alguna. Lefebvre (1968) advertía que la burocracia urbanística, al servicio de la lógica del capital inmobiliario, tiende a reemplazar la obra (la ciudad como producción colectiva) por el producto (la ciudad como mercancía fragmentada). Aquí, los desalojos expresan ese reemplazo en su forma más violenta.

Asimismo, la Guardia de Auxilio ha actuado incluso por sobre la voluntad de pequeños propietarios y los jueces. Un caso reciente en Blavanera , ocurrido a pocas cuadras de mi casa, involucró a familias vecinas con diez o quince años de residencia en el barrio, cuyo paradero actual los vecinos desconocemos. Cuesta pensar y sentir que tal vez nos los veamos nunca más.

Cabe señalar, por contraste, el tratamiento desigual otorgado al único derrumbe real ocurrido en la ciudad: los evacuados por riesgo en los edificios de la calle Mafalda al 900, en Parque Patricios —familias de clase media beneficiarias del programa Procrear— que – correctamente- recibieron del GCBA 550 plazas hoteleras de urgencia. Esta disparidad confirma la tesis de Pradilla (2014) sobre la diferenciación cualitativa del espacio según la posición de clase: no todos los riesgos ni todos los evacuados merecen la misma respuesta estatal.

Esta política autoritaria, discriminatoria y deshumanizante se articula con el vaciamiento de las políticas habitacionales de corte progresivo y distributivo. Frente a ellas, el gobierno de Macri —en sintonía con el de Milei— propone créditos UVA para ciudadanos de clase media considerados “virtuosos”, cooptados por la ilusión de poder devolverlos sin caer en sobreendeudamiento. Lefebvre (1968) ya señalaba que el derecho a la ciudad no puede reducirse al acceso individual a la propiedad o al crédito, sino que exige una transformación radical de las relaciones sociales urbanas, incluyendo la Reforma Urbana: socialización del suelo como bien común y horizonte de autogestión generalizada en la producción a del hábitat.

En respuesta a este escenario, la Legislatura Porteña comienza a esbozar, desde sus sectores progresistas, señales de preocupación, mientras que la fragmentada trama popular intenta coordinar esfuerzos para construir una respuesta política general. Ejemplo de ello es la Coordinadora Contra los Desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, que reúne a decenas de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos, docentes y estudiantes universitarios. También nuestra Facultad desde la UBA, ha conformado una mesa coordinadora contra los desalojos en el barrio de Constitución. Estas iniciativas constituyen embriones de reivindicación  del derecho a la ciudad. .

Para revertir esta política antipopular y autoritaria, resulta necesario construir poder colectivo y articulaciones capaces de modificar el rumbo. Toda plataforma popular para el gobierno de la ciudad debería ajustarse al artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece la responsabilidad estatal de reducir el déficit habitacional, priorizar a los sectores más vulnerables y aprovechar inmuebles ociosos. No obstante, como señala Pradilla (2014), las reformas institucionales aisladas resultan insuficientes si no cuestionan la lógica estructural del desarrollo territorial desigual y no promueven una verdadera democratización en la producción del espacio. En esta línea, también resulta necesario fortalecer la Ley 341 —impulsada inicialmente por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y abrazada por u amplio espectro de organizaciones sociales y cooperativas— y crear nuevos instrumentos de captación de suelo y organización de unidades productivas autogestionarias de vivienda y trabajo, aproximándose así a aquello que Lefebvre denominaba la ciudad como obra de sus habitantes.

Finalmente, resulta necesario subrayar que una auténtica política de seguridad y combate al delito requiere participación ciudadana y comunitaria, así como el combate contra -y la producción de conocimiento sobre – los eslabones superiores de las cadenas delictivas (tal como también se incentiva desde equipos de investigación de nuestra Facultad).   

No caer en la trampa de encarnizarse con los colaboradores de menor rango, ni mucho menos con quienes han resistido acciones vejatorias de la autoridad y han terminado injustamente presos o con riesgo de sus vidas. En términos urbanos, coincidiendo con Lefebvre (1968) y Pradilla (2014), el derecho a la ciudad implica también el derecho a la seguridad entendida no como control represivo, sino como condición de posibilidad para la vida colectiva, la diversidad y el encuentro. Las Ciencias Sociales desde la Universidad Pública, tenemos un papel que jugar en la historia viva de nuestro pueblo, que también se dirime en este campo. 

 

 

Referencias citadas

• Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad. Edicion 62 (edición castellana: Capitán Swing, 2017).
• Pradilla Cobos, E. (2014). La ciudad capitalista en el punto de mira. Geografía crítica del espacio urbano de los sesenta al presente. Editorial Itaca / UAM-Xochimilco.