Migraciones, derechos y democracia: por qué el nuevo decreto debería preocuparnos
Por la Profesora Gisele Kleidermacher
En las últimas semanas, el Gobierno nacional volvió a modificar por decreto la Ley de Migraciones. Entre los cambios incorporados, uno de los más controvertidos habilita al Estado a cancelar la residencia o expulsar a personas extranjeras por haber emitido «mensajes de odio» contra la Argentina o los argentinos.
Más allá de las discusiones sobre el contenido de esos mensajes, la reforma plantea un interrogante de fondo: ¿quién definirá qué constituye un discurso de odio y con qué garantías para evitar interpretaciones arbitrarias? A diferencia de cualquier ciudadano argentino, las personas migrantes pasan a enfrentar una consecuencia adicional por sus expresiones: la posibilidad de perder el derecho a permanecer en el país.
Este decreto no aparece de manera aislada. Se suma a una serie de modificaciones introducidas desde 2025 que endurecieron la política migratoria argentina: mayores restricciones para acceder a la residencia, ampliación de las causales de expulsión, limitaciones en el acceso a algunos derechos y un enfoque crecientemente orientado al control y la seguridad. Se trata de un cambio importante respecto de la Ley de Migraciones de 2004, que había sido reconocida internacionalmente por considerar a la migración como un derecho humano.
Desde la sociología de las migraciones sabemos que las políticas migratorias no sólo regulan el ingreso o la permanencia de personas. También producen categorías, jerarquías y formas de pertenencia. Como señala el sociólogo británico Stephen Castles, las políticas migratorias expresan el modo en que una sociedad define quiénes son considerados parte de la comunidad y bajo qué condiciones. Cuando el derecho a permanecer depende cada vez más de criterios discrecionales, también se transforma la forma en que las personas migrantes viven su cotidianeidad.
Los datos disponibles, sin embargo, no parecen justificar el endurecimiento de las políticas. Según el último Censo Nacional, las personas nacidas en el extranjero representan apenas el 4,2% de la población argentina. Tampoco existe evidencia que respalde la asociación entre migración y delito: a nivel nacional, las personas extranjeras representan alrededor del 6% de la población privada de libertad, una proporción similar a su peso demográfico. Del mismo modo, la idea de que los estudiantes extranjeros «inundan» las universidades públicas fue desmentida por la propia Universidad de Buenos Aires.
Lejos de responder a un cambio demográfico extraordinario, estas reformas parecen inscribirse en una tendencia internacional que presenta a la migración como un problema de seguridad antes que como un fenómeno social. En distintos países, los discursos políticos han recurrido a la figura del migrante como amenaza para justificar mayores controles, aun cuando la evidencia empírica no acompañe esas afirmaciones.
Las políticas migratorias siempre hablan de las personas migrantes. Pero también dicen mucho sobre la sociedad que las produce y sobre el tipo de democracia que queremos construir. En ese sentido, un decreto sancionado para responder a discursos que acusan a la Argentina de ser racista, y que al mismo tiempo profundiza las diferencias de derechos entre nativos y migrantes, debería, como mínimo, invitarnos a reflexionar sobre qué entendemos por igualdad, quiénes consideramos parte de nuestra comunidad política y cuáles son los límites que estamos dispuestos a aceptar cuando se restringen derechos en nombre de la seguridad o la identidad nacional.
