Desafíos en la investigación de las agencias de control social penal en Argentina

En Argentina investigar sobre problemáticas que traten acerca de las agencias de control social penal y en particular las conocidas como fuerzas de seguridad y la justicia se ha planteado siempre como un desafío que debe ocuparse mas en resolver los obstáculos que se presentan que en producir los resultados de acuerdo a los objetivos propuestos. Mas aún, en la mayoría de las propuestas, los resultados refieren específicamente a enumerar y analizar esos obstáculos y dar cuenta por ello de ciertas lógicas nunca transparentes, siempre sinuosas, variadas y complejas. No obstante ello, o especialmente por ello y fundamentalmente por las trayectorias, las prácticas, los ordenamientos burocráticos, los cuestionamientos y los discursos que dan cuenta de instituciones como la justicia, ministerio público y en especial la policía y el servició penitenciario, sean, federales o provinciales, hacen justamente a las mismas objetos indispensables de investigación y

estudio.  Así, investigaciones como las que se concluyeron en los últimos años, realizadas en el marco del equipo de investigación que coordinamos, constataron objetivamente las

dificultades, en cada caso, de cumplir con los cronogramas en los plazos previstos, invirtiendo valioso tiempo de la implementación solamente para comprender, desentrañar,analizar y dar cierta inteligibilidad a la información recibida por parte de las agencias de control social penal. Así fue en la investigación “Las mujeres y los jóvenes encarcelados en el ámbitos nacional: abordaje cuantitativo y cualitativo en torno a grupos sobre-vulnerados dentro de la población carcelaria”(2003-2005) ; en “Demandas de intervención judicial en tribunales de menores en la Provincia de Buenos Aires” (primera y segunda parte, respectivamente en 2000-2001 y 2003-2004) ; en “Malos tratos físicos y tortura. Un estudio sobre procedimientos de requisa, sanción de aislamiento y agresiones físicas en cárceles federales” ; en la recientemente concluida, “Sistema Penal del Siglo XXI en Argentina: Cambios en los discursos y las prácticas carcelarias” y las ultimas  investigaciones realizadas, “El «programa» de gobernabilidad penitenciaria: Un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físicas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense” . La misma dificultad se traslada a los proyectos actualmente en curso: “Observatorio de políticas de control penal del gobierno de la población excedentaria en espacios de vulnerabilidad socio-territorial y en espacios de encierro punitivo” y “Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes. Componentes punitivos, entramados protectorios e historias de vida. Pasado, presente y futuro” .  En todas las investigaciones, cuyos resultados se han publicado, se ha dedicado especial atención a los aspectos metodológicos, que en cada caso ameritan un capitulo o apartado especifico para su desarrollo. En todos los casos de trata de explicitar los procesos deconocimiento que dieron lugar a los resultados, y que dan sustento y confiabilidad a la información elaborada.  Asimismo, en igual sentido, ¿cómo no hacer mencióna la trayectoria que hemos trazado en nuestras tantas investigaciones sobre la agencias de control social penal sobre adolescentes y jóvenes? Estas fueron plasmadas en el libro que editáramos en el año 2000, “La niñez ajusticiada”, en el cual a modo de conclusión reservamos un capítulo que titulamos “el sainete de los datos” en el que dábamos cuenta que la irregularidad y la discrecionalidad de instituciones como la policía, la justicia y los consejos de menor no solamente debía ser registrada en sus normativas, en sus discursos y sus prácticas ejecutivas como había quedado evidenciado en el desarrollo de los distintos capítulos, sino además, “en la ineficiencia en la recolección y el tratamiento de los datos de sus departamentos de estadísticas, y también en la manipulación de los mismos con fines de ocultamiento deliberado o promoción de la confusión a la hora de abordar las problemáticas de la seguridad, el delito, la delincuencia juvenil”.  Esta producción de des-conocimientos sobre las prácticas y sus resultados, amparada en la ausencia absoluta de análisis cualitativos sobre normas, reglamentos y disposiciones burocráticas como y fundamentalmente en la cuantificación dislocada de los hechos, habilita y legitima el ejercicio de los mas variados “despotismos” por parte de las instituciones del Estado (o sea, el estado), que tiene a su cargo la gestión de la seguridad y la justicia.  En ese sentido nuestra preocupación como investigadores es que estas “problemáticas” se “problematicen” tal como los sugiere Robert Castel, que se transformen en “acontecimientos” que planteen interrogantes que en la búsqueda de sus respuestas obliguen a des-naturalizar el ocultamiento y el oscurantismo que justifican y sostienen las prácticas y los discursos a través distintas y complejas tramas burocráticas de las distintas fuerzas de seguridad y de la justicia.